Desde este sábado 5 de septiembre rige en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza las leyes 22.278 y 22.803 vigentes desde 1980. La reforma baja de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal, establece un sistema específico para personas de entre 14 y 18 años, fija penas de hasta 15 años y excluye la prisión perpetua.
El fiscal Correccional y de Menores Dos de Posadas, Martín Balor, sostuvo que Misiones llega a este cambio con mesas de trabajo, capacitaciones y herramientas ya disponibles. Según explicó, la implementación involucrará al Ministerio Público, el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario, Educación y otras áreas del Estado provincial.
Sobre el temor a un aumento de adolescentes privados de libertad, Balor relativizó esa preocupación con datos concretos: actualmente hay cinco menores con sentencia alojados en el Servicio Penitenciario, mientras que los Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento (Ce.Mo.AS) registran siete adolescentes en Posadas, nueve en Oberá y uno en Eldorado. «Estamos dimensionando y pensando que se viene una población carcelaria demasiado grande y nuestra realidad es otra», señaló.
La propia ley establece que la prisión preventiva debe ser el último recurso. Para delitos con penas de hasta tres años no corresponde prisión efectiva, y se contemplan alternativas como amonestaciones, programas educativos, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico. Balor puso el foco en herramientas como la mediación, los criterios de oportunidad y la probation. «Previo a ello hay que agotar cualquier tipo de instancia alternativa que exista», afirmó.
Otro elemento central del nuevo esquema es la figura del supervisor, encargado de hacer el seguimiento del adolescente e informar al juez sobre su evolución. Balor aclaró que aún no está definido a qué organismo pertenecerá ese rol. Misiones ya cuenta con experiencia en este tipo de acompañamiento a través del Ce.Mo.AS, creado en 2019 por la Ley XIV N° 14 como instancia previa y obligatoria al ingreso al sistema penal.
Para el fiscal, el objetivo de la ley va más allá de la sanción. «La ley busca que el menor sea consciente verdaderamente del daño que ocasionó y que asuma su responsabilidad», explicó, y subrayó que la resocialización y la educación son parte central del proceso.
En ese sentido, advirtió que una resolución judicial no alcanza si no hay instituciones que puedan acompañar al adolescente después. «De nada sirve que el Poder Judicial dicte una resolución hermosa si después no tengo quién me lo reciba en el colegio o quién me pueda brindar alguna solución respecto del problema de adicción», planteó.
Balor también rechazó que la edad por sí sola determine si un adolescente comprende la criminalidad de sus actos, y consideró necesario analizar cada caso en su contexto. «La base está en la educación que viene de las familias», sostuvo, y agregó que el Estado debe intervenir cuando ese acompañamiento falta.
Al momento del balance, el fiscal se mostró confiado: «Estamos preparados».
Con informacion de Misiones Online.